Incremento del 145 % no incluye millonaria sanción a Termocandelaria. Eléctricas, las más multadas.
Por:REDACCIÓN OMAR GERARDO AHUMADA
Enviado especial Cartagena
Este año, con corte a octubre, la Superintendencia de Servicios Públicos ha expedido 119 fallos de investigaciones a empresas de energía eléctrica, gas natural y de gas licuado del petróleo, lo que ha implicado un aumento de 153 por ciento frente las decisiones tomadas en el 2016.
En total, este año la Delegatura para Energía y Gas de la entidad de control y vigilancia ha expedido 22 resoluciones sancionatorias, por valor de 5.191 millones de pesos, cifra que implicó un incremento del 145 por ciento con respecto a las multas por 2.116 millones con las que terminó el 2016.
Durante el XXIII Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), el superintendente Delegado para Energía y Gas, José Plata Puyana, explicó que, del valor total de las sanciones, unos 3.170 millones de pesos corresponden al sector eléctrico y, de esta suma, cerca del 80 por ciento corresponde a problemas de calidad en la prestación del servicio o por el incumplimiento en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
“Los núcleos de estas decisiones han sido principalmente la mala prestación del servicio, por problemas de tensión en los Sistemas de Transmisión Regional (STR), pero también por las redes de distribución”, aseguró el funcionario. Y agregó que en la comparación no se incluyó el caso de Termocandelaria, que fue multada con 35.000 millones de pesos por haber incumplido la entrega de sus obligaciones de energía en el 2015 y 2016, durante el último fenómeno del Niño. El valor de dicha multa fue mucho más alto debido a que fue la primera decisión que se adoptó bajo lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que elevó hasta los 100.000 salarios mínimos mensuales las multas para las empresas del sector. Según el reporte de la Superservicios, una de las mayores multas en lo que va del año ha sido la que se le impuso a Codensa, sobre la cual se evidenció que tuvo incumplimientos que ocasionaron la muerte de una persona que cayó en una caja de inspección energizada (sin tapa) del alumbrado público de Codensa, el 8 de octubre del 2014. Un caso que terminó a favor de una empresa fue el de Zona Franca Celsia, cuya investigación, por el incumplimiento de obligaciones de energía firme entre febrero y marzo del 2015, fue archivada luego de probarse que obedeció a causas de fuerza mayor, ya que demostró que la rotura de los álabes de su unidad Termoflores IV se dio a pesar de haber hecho los mantenimientos recomendados por el fabricante de los equipos. En el caso de la salida de operación de la central hidroeléctrica de Guatapé, por un incendio que dejó inservible el cableado y que fue la causa que llevó a recomendar un racionamiento el año pasado, el funcionario señaló que aún no ha concluido la etapa de investigación. REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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